Febrero de 2026 | Informe de Política
Resumen Ejecutivo
Nuevo México se encuentra en un punto de inflexión crítico. Durante la última década, el estado ha experimentado el aumento más rápido de las tasas de obesidad en el país, con una prevalencia entre adultos que alcanza el 36.3 por ciento y casi el 43 por ciento entre los adultos de 25 a 34 años. Esta tendencia afecta desproporcionadamente a las comunidades hispánicas, indígenas americanas y negras, y representa una amenaza creciente para el programa Medicaid del estado, la infraestructura de salud pública y la estabilidad económica a largo plazo.
Como un estado de mayoría minoritaria con una población relativamente joven, Nuevo México enfrenta un desafío único y urgente: sin una intervención temprana basada en evidencia, la crisis de obesidad de hoy se convertirá en la diabetes, enfermedad cardiovascular, discapacidad y el gasto desmedido de Medicaid de mañana. La obesidad es una enfermedad crónica vinculada a más de 200 condiciones de salud graves, incluyendo la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, enfermedad renal y ciertos tipos de cáncer.
Sin embargo, el Programa Medicaid de Nuevo México, Turquoise Care, actualmente no cubre los medicamentos contra la obesidad (AOM, por sus siglas en inglés) aprobados por la FDA, aun cuando estos tratamientos son cada vez más reconocidos como parte del estándar clínico de atención y están cubiertos en otros planes de salud públicos y privados. Esta brecha en la política socava la equidad en salud, limita el acceso a la atención médicamente necesaria y deja a los residentes de bajos ingresos de Nuevo México sin opciones de tratamiento eficaces.
Cuando la atención segura y basada en evidencia es inaccesible, los pacientes se ven empujados hacia alternativas inseguras, incluyendo medicamentos falsificados y preparados ilegalmente. Estos productos se comercializan cada vez más en comunidades de bajos ingresos y fronterizas, y representan graves riesgos para la salud.
Nuevo México tiene la oportunidad de tomar medidas decisivas. Asignar fondos estatales para apoyar la cobertura de Medicaid para los AOM aprobados por la FDA promovería la equidad en salud, mejoraría los resultados de salud y ayudaría a reducir la curva de costos con el tiempo al prevenir complicaciones predecibles y de alto costo, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
La evidencia es clara, la necesidad es urgente y el momento es oportuno. Por ello, instamos al Gobernador y a los legisladores estatales a asignar fondos para permitir que Turquoise Care cubra los medicamentos contra la obesidad aprobados por la FDA.
La Obesidad Es una Crisis de Equidad en Salud
La obesidad afecta a más del 42 por ciento de los adultos a nivel nacional y se encuentra entre los principales impulsores de enfermedades crónicas en los Estados Unidos, con profundas implicaciones para los costos de atención médica, la participación laboral y los programas públicos como Medicaid.[1] Sin embargo, a pesar de su magnitud e impacto, la obesidad todavía se enmarca con demasiada frecuencia como una cuestión de comportamiento individual en lugar de una enfermedad crónica y multifactorial.
Como observó la American Academy of Pediatrics en 2023, la obesidad ha sido “estigmatizada durante mucho tiempo como una consecuencia reversible de decisiones personales,”[2] a pesar de que está determinada por complejos factores genéticos, fisiológicos, socioeconómicos y ambientales. Esta idea errónea tiene consecuencias reales para la política pública, particularmente porque la carga de la obesidad no se distribuye de manera uniforme entre la población.
A nivel nacional, las disparidades son marcadas. Aproximadamente el 45.6 por ciento de los adultos hispánicos viven con obesidad, y casi el 79 por ciento de las mujeres hispánicas tienen sobrepeso u obesidad, en comparación con el 64 por ciento de las mujeres blancas no hispánicas.[3] Estas tendencias nacionales son especialmente notorias en Nuevo México, un estado de mayoría minoritaria con una población relativamente joven. Durante la última década, el estado ha experimentado el aumento más pronunciado de las tasas de obesidad en el país —un incremento de diez puntos que ha elevado la obesidad entre adultos a más del 36 por ciento. El aumento más rápido se da entre los adultos de 25 a 34 años, donde casi el 43 por ciento se ve afectado actualmente.[4]
A medida que este perfil demográfico converge con el aumento de las tasas de obesidad, las implicaciones a largo plazo para Medicaid y la salud pública en Nuevo México son profundas. Según el CHOICES Project, casi el 55% de los adultos hispánicos en Nuevo México vivirán con obesidad para el año 2030.[5] Si no se aborda, esta bomba de tiempo abrirá un enorme agujero en la infraestructura de salud y la economía del estado, que ya le cuesta al estado bastante más de $2 mil millones[6] anuales en gastos combinados de atención médica, pérdida de productividad y reducción de ingresos fiscales.
Estas proyecciones indican que, en ausencia de una intervención significativa, la prevalencia de la obesidad entre los adultos hispánicos continuará aumentando drásticamente durante la próxima década, agravando las inequidades existentes y ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los sistemas de salud del estado.
Si no se aborda, esta trayectoria representa no solo una amenaza para los resultados de salud individuales, sino también un riesgo creciente para la sostenibilidad de Medicaid y de la red de seguridad de atención médica en general. Tratar la obesidad como la enfermedad crónica que es —así como responder en consecuencia— ya no es opcional; es un imperativo fiscal y de salud pública. Para Nuevo México, no actuar ahora no ahorra dinero, sino que aplaza los costos hasta que sean mayores, más difíciles de manejar y más inequitativos.
El Costo de la Inacción | La Obesidad como Puerta de Entrada al Crecimiento del Gasto de Medicaid
La obesidad no es una condición aislada. Es un factor de riesgo primario para la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y numerosas otras enfermedades crónicas costosas. Se estima que entre el 60 y el 90 por ciento de las personas con diabetes tipo 2 también viven con obesidad o tienen antecedentes de obesidad.[7]
Esta conexión tiene consecuencias fiscales directas:
- La diabetes impulsa el uso de medicamentos de por vida, hospitalizaciones frecuentes, diálisis, amputaciones y atención relacionada con la discapacidad.
- Estos costos posteriores son predecibles, recurrentes y recaen fuertemente sobre los pagadores públicos —particularmente programas como Medicaid y Medicare.
La evidencia muestra que tratar la obesidad de manera temprana puede reducir significativamente la incidencia de la diabetes tipo 2 hasta en un 58 por ciento[8] y retrasar o prevenir la aparición de otras complicaciones de alto costo. Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de tratamientos eficaces, la farmacoterapia para la obesidad sigue estando gravemente subutilizada: menos del 2 por ciento de los adultos elegibles a nivel nacional reciben medicamentos contra la obesidad.[9] No abordar la prevención y el tratamiento de la obesidad significa renunciar a los más de 100 millones de estadounidenses que ya viven con esta enfermedad y que continúan enfrentando el estigma social.
Garantizar que todos los estadounidenses elegibles puedan acceder a terapias eficaces para la pérdida de peso no solo mejoraría los resultados de salud, sino que también generaría un enorme valor económico. Menos complicaciones relacionadas con la obesidad significan menos discapacidad, menos dolor y hasta $100 mil millones anuales en ahorros combinados de atención médica y mejoras en la calidad de vida. Las implicaciones de costos son claras: a medida que aumenta la gravedad de la obesidad, también lo hacen los gastos médicos, incrementándose casi un 70 por ciento para la obesidad de clase 1, un 120 por ciento para la clase 2 y más de un 233 por ciento para la clase 3.[10]
Medicamentos Contra la Obesidad | Atención Basada en Evidencia y Costo-Efectiva
Los medicamentos contra la obesidad aprobados por la FDA ahora son ampliamente reconocidos como parte del estándar de atención para el manejo crónico de la obesidad, particularmente cuando se combinan con asesoramiento nutricional e intervenciones de estilo de vida. Es inaceptable que muchos pacientes no reciban el estándar de atención necesario para la obesidad, una enfermedad crónica que requiere un continuo de intervenciones basadas en evidencia, comenzando con asesoramiento nutricional y actividad física estructurada y, cuando sea clínicamente apropiado, extendiéndose a la cirugía metabólica y a los medicamentos contra la obesidad aprobados por la FDA.[11] La evidencia clínica demuestra que los AOM:
- Producen una pérdida de peso sostenida
- Reducen los factores de riesgo cardiometabólico
- Mejoran la calidad de vida
- Reducen el riesgo de progresión a la diabetes tipo 2 y a las enfermedades cardiovasculares
Las preocupaciones sobre los costos a menudo hacen referencia a los precios de lista oficiales, que no reflejan el costo real y neto. Después de descuentos y concesiones, el precio neto estimado de medicamentos como Wegovy es sustancialmente menor —aproximadamente $274 al mes[12]— que los precios de lista oficiales. Además, el gobierno federal paga parte de los costos de Medicaid de un estado a través del Porcentaje Federal de Asistencia Médica (FMAP, por sus siglas en inglés). El pago del FMAP del gobierno federal a Nuevo México es de alrededor del 71%,[13] lo que significa que el gobierno federal paga aproximadamente el 71% de los servicios de Medicaid en el estado.
Es importante destacar que los programas de Medicaid ya utilizan herramientas de gestión de utilización para administrar el acceso a medicamentos especializados. La cobertura de los AOM no requiere abandonar estas prácticas; requiere reconocer la obesidad como la enfermedad crónica que es y tratarla en consecuencia.
Las Brechas de Cobertura Fomentan Alternativas Inseguras para los Residentes de Nuevo México
La rápida proliferación de productos GLP-1 falsificados y preparados ilegalmente —a menudo comercializados hacia comunidades latinas y fronterizas— representa una preocupación de salud pública seria y creciente. Estos productos no están aprobados por la FDA ni están sujetos a una supervisión adecuada de seguridad o calidad. La FDA ha identificado riesgos significativos asociados con su uso, incluyendo el almacenamiento inadecuado, ingredientes deficientes o desconocidos, etiquetado fraudulento y eventos adversos reportados.
Estos peligros se intensifican cuando los beneficiarios de Medicaid carecen de acceso a tratamientos aprobados por la FDA, dejando a los pacientes con opciones limitadas más allá de sustitutos inseguros y no regulados. Ampliar la cobertura de Medicaid para tratamientos de la obesidad basados en evidencia no solo mejoraría el manejo de enfermedades crónicas, sino que también reduciría la dependencia de productos que exponen a los pacientes a riesgos innecesarios.
En todo Nuevo México, las familias reportan barreras persistentes para acceder a opciones de tratamiento seguras y legítimas, así como una exposición creciente a alternativas riesgosas impulsadas por brechas de cobertura y no por necesidad clínica. Este patrón es particularmente agudo en las comunidades desatendidas.
La próxima sesión legislativa presenta una oportunidad crítica para responder. Una asignación específica de fondos para apoyar la cobertura de Medicaid para los medicamentos contra la obesidad aprobados por la FDA salvaría vidas, reduciría los costos de atención médica a largo plazo y protegeria a los residentes de Nuevo México —especialmente a aquellos en comunidades latinas y fronterizas— de los daños de los medicamentos falsificados y preparados ilegalmente.
Por Qué Se Necesita Actuar Ahora
Este momento exige acción. El perfil demográfico de Nuevo México —una población relativamente joven y de mayoría minoritaria que enfrenta tasas crecientes de obesidad— magnifica la exposición a largo plazo de Medicaid y hace que la inacción resulte cada vez más costosa. Al mismo tiempo, existe un amplio consenso clínico de que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento integral basado en evidencia, no una atención episódica o incompleta.
Los principales expertos en política de salud han llegado a la misma conclusión. Como recomendó el Institute for Clinical and Economic Review (ICER) en 2022: “Los estados deberían incluir la cobertura de medicamentos para la pérdida de peso bajo los auspicios del programa Medicaid… La obesidad es un problema de salud creciente en los Estados Unidos que tiene un impacto particularmente grande en ciertos grupos raciales y étnicos… También se expresó una preocupación considerable por parte de defensores de pacientes y expertos clínicos de que, a pesar de las mejoras en la pérdida de peso con los medicamentos existentes y aquellos en evaluación clínica, las políticas de cobertura actuales y los costos de los medicamentos probablemente empeorarán las disparidades en el acceso a la atención a menos que se tomen medidas específicas.”[14]
La dinámica del mercado refuerza aún más los argumentos a favor de la acción. Se espera que el aumento de la competencia y las señales emergentes de precios federales continúen ejerciendo presión a la baja sobre el costo de los medicamentos contra la obesidad, lo que hará que la cobertura ampliada sea más asequible ahora, y probablemente aún más sostenible con el tiempo. En este contexto, el liderazgo de larga trayectoria de Nuevo México en materia de equidad en salud crea tanto una oportunidad como una responsabilidad. Ampliar la cobertura de Medicaid para el tratamiento de la obesidad representa una extensión lógica del compromiso del estado con una atención equitativa y preventiva. Retrasar la acción solo agravará las disparidades existentes y generará mayores costos a largo plazo. Actuar ahora ofrece la oportunidad de mejorar los resultados de salud, proteger a las comunidades vulnerables y fortalecer la sostenibilidad a largo plazo de Turquoise Care.
Fuentes
Este informe de política fue elaborado por National Hispanic Health Foundation, National Hispanic Council on Aging, League of United Latin American Citizens, MANA, y la American Diabetes Association.
